Recibir una intimación de desalojo genera preocupación e incertidumbre, pero no siempre implica que la persona deba abandonar el inmueble de inmediato. En Córdoba existen situaciones en las que el ocupante tiene derecho a ejercer una defensa legal antes de que se adopte una medida definitiva.
La ley analiza factores como el tiempo de ocupación, la existencia de mejoras, el origen de la posesión y la conducta de las partes. No todos los desalojos son iguales ni todas las ocupaciones son ilegítimas. Por eso, responder de manera apresurada o sin asesoramiento puede dejar al ocupante en una situación desfavorable.
Un análisis jurídico temprano permite evaluar si corresponde una defensa, qué pruebas reunir y cómo actuar frente a una intimación o demanda. En muchos casos, una intervención adecuada logra frenar decisiones apresuradas y proteger la estabilidad habitacional de la persona y su familia.